Desde el acercamiento de EE.UU. a Cuba, a la destitución de Dilma Rousseff, en Brasil, el nuevo ciclo electoral en América Latina parece hacer evidente los cambios de tendencia política de la región. A esto, debe sumarse la caída de los precios de las materias primas, la crisis económica como resultado de años de políticas públicas y las presiones de una población que no teme lanzarse a las calles. No parecer ser tan evidente el giro por completo a la derecha, pero sí la existencia de un cuestionamiento al discurso político predominante en la mayoría de países de nuestro continente y que se manifiesta en sus recientes coyunturas.

1.Final del juego

Venezuela es el emblema de un proceso político que se originó a fines de los noventas y ocasionó la irrupción de una serie de partidos de izquierdas en países latinoamericanos. Cuando Hugo Chávez ascendió al poder, a fines de los noventas, el país que contaba con enormes reservas de petróleo se benefició con los altos precios de este; esta ventaja comparativa con respecto a otros países, supuso la instalación de una serie de programas sociales en educación, sanidad y trabajo, que hizo posible lo que el mismo Chávez llamaba “El socialismo del siglo XXI”.

Este sueño duró doce años y, después de la muerte del líder venezolano, se empezaron a descoser los hilos de una maraña de autoritarismo, corrupción y crisis económica. La gestión ineficaz de Nicolás Maduro ha generado una de las inflaciones más altas del mundo, cuyos efectos se pueden ver en todas las ciudades venezolanas: escasez de alimentos y medicinas, incremento de la criminalidad e irrespeto por la propiedad privada y los bienes públicos. Del mismo modo, se han hecho evidentes las intenciones de funcionarios estatales por blindarse en el poder al desconocer la voluntad popular, como ocurrió el año pasado, cuando desconocieron los resultados de las elecciones legislativas.

Frente a esto, la oposición, en la forma de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), inició los trámites ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para revocar el mandato presidencial de Maduro. Encuestas recientes señalan que la oposición en Venezuela es mayoría y que, de darse el referéndum revocatorio, el resultado será positivo para la coalición. El gobierno, por su parte, ha intentado interferir este proceso mediante el uso de la fuerza en las protestas, la imposición de obstáculos burocráticos de parte del CNE, y el acaparamiento de los medios de comunicación.

El Mg. Luis Popa, docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP, no cree que estemos ante la caída de Maduro en el corto plazo: “El ciudadano promedio en Venezuela tiende a echarle la culpa de su malestar al gobierno. En ese sentido, el chavismo, encarnado en Maduro, no tiene futuro. Estamos ante un gobernante que, más allá de su ideología marxista, no tiene las credenciales democráticas para ocupar el cargo. Ahora bien, es probable que el referéndum no se dé este año, pues el gobierno está maniobrando en su contra, e incluso, negociando con la oposición”.

2.Muerte anunciada

El Partido de los Trabajadores (PT) ascendió a la presidencia de Brasil, en el 2003, después de una crisis de corrupción que desacreditó al centro y la derecha de ese país. Entonces, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato por cuarta vez a la presidencia, emergió como una opción de izquierda que venía del gremio sindical y estaba ligado a grupos católicos influidos por la Teología de la Liberación. Lula se convirtió en una figura popular que, a la manera de Getúlio Vargas, cincuenta años antes, implementó cambios de centro izquierda que beneficiaron a las clases trabajadoras.

La enorme acogida del PT, hizo que Lula sobreviviera al escándalo de sobornos a legisladores a cambio de apoyo político conocido como el “mensalão”, se reeligiera por segunda vez, en el 2006, y Dilma Rousseff, su sucesora, sea elegida presidenta, en el 2011. Durante el mandato de Rousseff, se destaparía el escándalo de Lava Jato, que implicaría a hombres importantes del PT en una red de lavado de activos. A raíz de la investigación sobre este caso, la oposición, encarnada en el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, se inició un proceso de impeachment contra Dilma Rousseff.

Óscar Vidarte, especialista en Relaciones Internacionales y docente del Departamento de Ciencias Sociales, opina que la figura del impeachment es una herramienta que debió ser mejor utilizada: “Todos los Estados tienen herramientas para destituir a un presidente en casos muy excepcionales. En tal sentido, si el impeachment está regulado dentro de un marco constitucional, no va en contra de la democracia. Lo que sucedió en Brasil es una interrupción abrupta del poder debido a una interpretación inadecuada de la normativa brasileña con fines políticos. No es un golpe de estado, pero ha llevado a una presidenta electa por más de 50 millones de votos a ser destituida”
Por su parte, el nuevo presidente de Brasil, Michel Temer, tiene en sus manos una seguidilla de problemas económicos y sociales que empiezan por niveles de inflación por encima del 10% y escándalos de corrupción que empiezan a alcanzar a miembros de la oposición como el propio Cunha.

3.Senderos de paz

Pese a la situación incierta de algunos países, parecen venir buenos vientos desde otros. El pasado 24 de agosto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, terminó por concretar una empresa que parecía imposible hace cuatro años, cuando se iniciaron las conversaciones en la mesa de La Habana: la firma de un acuerdo definitivo de paz con la guerrilla de las FARC. Este giro político es un avance en la pacificación del país y traería consigo consecuencias para la organización geopolítica de Sudamérica.

Hace 25 años, Colombia experimentó un profundo cambio económico al sustituir las importaciones y abrirse a nuevos mercados; una clara apuesta por un modelo que llevó al país a crecer un promedio de 5% anual, entre 2001 y 2012. No obstante, esta bonanza tuvo que convivir con el fantasma de la guerrilla que ha causado la muerte de más de 260 mil personas y 139 mil millones de dólares perdidos (Global Peace Index 2015). Por esta razón, la firma de un acuerdo de paz representa más que un incentivo para los sectores civiles y militares del país cafetero.

Ramiro Escobar, corresponsal internacional y docente del Departamento de Comunicaciones, considera que uno de los motivos que aceleró el proceso de paz es la situación menesterosa de la guerrilla en los últimos años:
“Las FARC ya habían perdido a varios de sus líderes en operaciones militares, caído en una situación desarraigo en el campo gracias a los golpes militares de Uribe y Santos, y perdido prestigio entre los suyos debido a una falta de perspectiva histórica de la realidad. Por supuesto, su discurso oficial -llegué a entrevistar a un comandante de las FARC en La Habana- es que la culpa del conflicto es del gobierno y que en algún momento podían ganar la guerra. Sin embargo, en una situación como la suya, lo más lógico era negociar”.

Los cinco puntos que recoge el acuerdo de paz son: primero, fin efectivo a la violencia y entrega de armas a las Naciones Unidas en un periodo de seis meses. Segundo, protección de los derechos de las víctimas, que implica la creación de una Justicia Especial para la Paz que será aplicada a civiles y paramilitares. Tercero, un plan de inversión en el campo para los campesinos afectados y desplazados. Cuarto, reincorporación a la vida civil y legal de los alzados en armas, lo que incluye la participación política. Y, quinto, la desaparición de cualquier vínculo que las FARC hayan tenido con el narcotráfico.

4.Amenaza interna

Es posible ver los efectos de los cambios políticos y económicos que atraviesa América del Sur en un país relativamente estable como Bolivia que, en el último mes, ha sufrido la ofensiva de una de sus organizaciones civiles más poderosas. El 26 de agosto, de formar inesperada, la huelga de mineros cooperativistas de este país terminó en el linchamiento y muerte del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, y la muerte de dos mineros en enfrentamientos en diferentes zonas del país. Este suceso representa un desdichado quiebre en las relaciones que sostenía este sector minero y el gobierno del presidente, Evo Morales.

La minería cooperativista boliviana tiene origen en las políticas de flexibilización laboral y desmantelamiento de empresas públicas que se instalaron durante los gobiernos de los presidentes Paz Estenssoro y Sánchez de Lozada, a fines del siglo pasado. Entonces, los trabajadores despedidos del sector minero estatal se agruparon en torno a un esquema de trabajo independiente que se beneficia de concesiones de yacimientos sin licitación, excepcionales ventajas tributarias y ausencia de obligaciones laborales.

Hoy, este sector representa el grupo sindical más importante del país altiplánico e interviene en la política nacional a través de cargos públicos y escaños legislativos del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales. Las tensiones con el gobierno -al cual apoyaron en su primera elección y sucesivas reelecciones-, radican en sus pedidos de mayores subvenciones tributarias, flexibilización de normas ambientales, acceso a más áreas mineras y la derogación de la Ley General de Cooperativas Mineras, que les otorga el trato de empresa privada.

Según el profesor Óscar Vidarte, la situación de este conflicto se torna más complejo si tomamos en cuenta el contexto sudamericano: “Se están dando transformaciones económicas en la región que están promoviendo muchos cambios al interior de los Estados. En el caso de Bolivia, los cooperativistas se desarrollaron al amparo de la época de bonanza de los commodities; sin embargo, la situación actual es de reducción de precios y menor exportación. Las cooperativas mineras buscan pasar este mal momento económico admitiendo la inversión de actores privados y cambiando las reglas del juego. El Estado boliviano no está de acuerdo, les ha quitado una serie de prerrogativas y esto ha ocasionado el enfrentamiento”, afirma Vidarte.

Mirada internacional desde la Universidad:

CISEPA:

La PUCP cuenta con una serie grupos interdisciplinarios de profesionales que desarrollan investigaciones en torno a problemáticas que envuelven a los países de la región Sudamericana. El Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (Cisepa), órgano de investigación científica de los Departamentos de Ciencias Sociales y de Economía, actualmente desarrolla estudios de gran relevancia para el entendimiento de la realidad social de países vecinos. Así, en el curso de este año, se están desarrollando los proyectos: “Dando atención a las dimensiones Culturales, Científicas y Sociales entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe” de Juan Ansión y Silvana Vargas, y “La transformación de la religión vivida en zonas urbanas de Latinoamérica: Un estudio de latinoamericanos contemporáneos y su experiencia de lo trascendental” de Catalina Romero, Rolando Peréz, Veronique Gauthier y Santiago Sebrot. El estado de estos proyectos se encuentran en la web del Cisepa.

IDEHPUCP

El Instituto de Democracia y Derechos Humano (IDEHPUCP) realiza el seguimiento a las decisiones que se toman en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los profesionales del IDEHPUCP ofrecen el servicio de monitoreo de los principales aspectos referidos a las funciones de promoción y protección de los derechos humanos, llevadas a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así se brinda información sistematizada y actualizada, así como notas de análisis en torno a decisiones del sistema de protección de derechos humanos de la región. Visita la web idehpucp.pucp.edu.pe.