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Noticia

Las Bambas: ¿conflicto evitable?

Un conflicto en Choquecca, a propósito del proyecto minero Las Bambas, terminó con la muerte del ciudadano Quintino Cereceda Huiza. Los procedimientos de la policía sumados a la sensación de engaño y desconfianza hacia la empresa y el Estado, generaron un contexto volátil. Ivan Lanegra, docente del Departamento de Ciencias Sociales, explica cómo es que priorizar los acuerdos y consensos puede evitar finales como ese.

  • Texto:
    Sharún Gonzales
  • Fotografía:
    Alex Fernandez

El proyecto minero Las Bambas, no es nuevo. Se trata de un proyecto con más de una década de desarrollo. Luego de largos procesos de diálogo entre las comunidades, la empresa y el Estado, se llegó a una serie de acuerdos y consensos que debían ser cumplidos. Parte de las medidas que implicaban sacar adelante el proyecto era usar, provisionalmente, un camino que las comunidades trabajaron y conservaron para trasladar los materiales de construcción del proyecto. De acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental del 2011, era un plan factible.

Una vez finalizadas las obras, los minerales debían ser transportados desde Las Bambas hasta Tintaya a través de un mineroducto, con lo que se generaría una sinergia viable. Sin embargo, una exigencia del Ministerio de Comercio de China, ocasionó que el proyecto Las Bambas cambiara de dueños. La separación de ambos proyectos, originalmente de Xstrata, hizo perder factibilidad a las decisiones adoptadas en los diálogos previos.

Las nuevas condiciones no siguieron el proceso de diálogo con la población. De acuerdo a Iván Lanegra, docente del Departamento de Ciencias Sociales, “las complicaciones que hoy vemos son resultado de algunas decisiones que partieron, básicamente, desde el propio Estado sobre cómo deberíamos enfrentar la regulación de los proyectos a gran escala”. Con el afán de reducir plazos y simplificar procedimientos, se optó por un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), documento que no requiere de mecanismos de participación.

“Hicieron cambios, entendiendo que estos no implicaban un impacto significativo mayor, pero en estos contextos donde hay tantas comunidades, la prioridad debería ser mantener la relación de confianza. Los cambios también pueden ser leídos como un incumplimiento de los compromisos que se habían adoptado al inicio”, explica el docente. El paso de un esquema en el cual la vía sería usada temporalmente, a convertir esa misma vía en pública y de uso nacional, desató una sensación de desconfianza y engaño dentro de la población.

La suma de factores llevó a que el viernes 14 de octubre un grupo de pobladores protestara con un bloqueo de la vía en cuestión. La intervención policial ocasionó una muerte. “Tratar de forzar las cosas para «resolver el problema» del tránsito en esta vía podía ser interpretado como un acto de desconocimiento de la protesta de la persona. Las acciones de la policía y del Estado deben ser muy inteligentes, precisamente para que con la información suficiente cualquier tipo de acción minimice cualquier riesgo de situaciones trágicas como la muerte de un ciudadano. La evidencia revela que en este caso, al menos, la policía no estuvo preparada para enfrentar una situación de esta naturaleza y que eso sin duda contribuyó al resultado tan triste que hemos tenido”, comenta el especialista en interculturalidad.

Según el abogado, la primera regla para evitar conflictos de este tipo es mantener informados antes a los ciudadanos, incluso si viven en zonas alejadas, y ofrecerles la garantía de que las cosas se van a hacer bien. Desde su perspectiva, hay condiciones para llevar adelante el proyecto Las Bambas. Sin embargo, es necesario priorizar los acuerdos y consensos con las comunidades. “Las Bambas no es un asunto solamente de Apurímac, sino de todo el país. Como tal, debe ser tratado con seriedad y claridad para que el proyecto pueda salir adelante”, concluye.

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