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"No se le debe dar la espalda a la población"

El reconocido abogado Walter Albán, decano de la Facultad de Derecho y ex Defensor del Pueblo, analiza la situación legal del conflicto en la selva.

  • Walter Albán

¿Con qué recursos legales contaban los nativos para exigir la derogación de estos decretos leyes?

Se produjo una situación que vulnera nuestro ordenamiento constitucional y legal, las comunidades tenían el derecho a ser consultados antes de que se aprobaran estos dispositivos. En este caso no se trata de un reclamo de un grupo particular que está contrariando el ordenamiento jurídico, que es como se ha pretendido presentar en algunos casos, sino al revés. El propio Estado ha vulnerado la Constitución y el Pacto Internacional del Convenio 169 de la OIT, cuando aprobó estas disposiciones sin respetar los procedimientos de consulta que hubieran posibilitado que las cosas no terminaran como lamentablemente ocurrió.

¿Los decretos legislativos no debieron ser automáticamente anulados?

El gobierno y el Congreso de la República perfectamente pudieron reconocer el error de origen y dejar sin efecto todos los decretos. Así se resolvía toda la situación conflictiva. Luego, se podría haber convocado a los nativos a un diálogo para revisar qué puntos podrían perjudicarlos e iniciar un nuevo proceso para regular sobre estos aspectos, pero con información suficiente y posibilidad de diálogo. Esa es la forma como debería legislarse en el país. No se le debe dar la espalda a la población ni a la opinión pública, sino tratar que todos tengan claro cuáles son los efectos de las decisiones que se están tomando.

No anularlas nos hace presumir la existencia de ciertos intereses detrás de estas leyes…

Se genera todo tipo de suspicacias. ¿Por qué esta suerte de entercamiento’ para mantenerlas vigentes? Lo peor es que el reclamo de la población amazónica estaba planteado hace mucho tiempo, era un reclamo que permanecía latente. Ni el Congreso ni el Gobierno trataron de adelantarse a la situación para canalizar los reclamos adecuadamente. Al final, fue lamentable la performance del Congreso, cuando derivó nuevamente el tema hacia el Ejecutivo y dejó de resolver sobre él. Esto fue lo inmediatamente anterior a que se desencadenen todos los hechos violentos.

Se ha ordenado la detención de 36 nativos por actos de violencia pero, de la misma manera, ¿no se deberían evaluar los actos de violencia cometidos por los policías?

Debe haber una investigación objetiva. Es terrible lo que se nos informa sobre los policías que han sido masacrados aparentemente por un grupo de nativos; pero tampoco conocemos exactamente las circunstancias en las que han perdido la vida los dirigentes nativos. Incluso, pobladores -que no queda claro si participaban o no del conflicto- han caído también como producto de esta represión. Hay poca información en este momento que nos permita advertir de qué manera han actuado las fuerzas del orden y lo preocupante, sobre todo, es que se nota mucha improvisación. Se denuncia que ha habido abusos, arbitrariedad, disparos innecesarios. Todo esto tiene que ser investigado y evaluado para que se establezcan las responsabilidades individuales pero también hay responsables políticos que tampoco están siendo suficientemente demandados en este momento.

Muchos de los abusos cometidos por la Policía podrían partir de órdenes de sus superiores. Cuando se investiguen las responsabilidades individuales, ¿quién va a velar por ellos?

En el Ministerio del Interior hay una Defensoría del Policía que se creó como una instancia que pudiera generar confianza en el personal policial y desde donde pudieran plantear sus quejas y reclamos. No obstante, creo que eso se ha desdibujado en los últimos años. Se buscaba que quien estuviera a cargo de esta defensoría pudiera tener un trato directo con el ministro o ministra del Interior. En un primer momento ocupó el cargo Susana Villarán y eso alimentó alguna expectativa, pero después, poco a poco, ha ido siendo cada vez menos importante. Ya ni siquiera sabemos quién está a cargo. He leído declaraciones donde los propios policías dicen que últimamente no le tienen confianza porque no funciona.

No sería muy descabellado pensar que cuando se demuestren los abusos de las fuerzas del orden, la Ministra culpe a los generales y estos a los policías.

Claro, eso es lo previsible. Ahí tendrán que ir a la Defensoría del Pueblo.

Alberto Pizango está en la Embajada de Nicaragua. ¿Quiere decir que el gobierno nicaragüense lo considera inocente y que es víctima de una persecución política?

El derecho de asilo está siempre en función de que haya bases razonables para suponer que se ha producido una persecución con trasfondo político. No está previsto para delitos comunes. Las circunstancias en este caso hacen que resulte razonable pensar que había una intención clara de responsabilizar a este señor de los hechos que se han producido. No podría afirmar tajantemente que el señor Pizango no tenga algún tipo de responsabilidad pero tampoco lo contrario y lo que rige en la constitución es presunción de inocencia. Creo que ha habido bases razonables para pensar que el gobierno -no el Poder Judicial ni el Ministerio Público- lo ha señalado como responsable adelantando un juicio, por eso es que él ha podido conseguir este asilo.

Entrevista: María Paz de la Cruz

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