¿El agua debería estar gestionada por el sector público o privado?

Mi inclinación personal va hacia la gestión pública de los recursos naturales y, particularmente, del agua. Porque, hablando en términos económicos, es un bien público que genera una enorme cantidad de externalidades. Esto hace que, para un privado, tratando de optimizar el sistema global, este manejo sea mucho más complejo que para el Estado. Los sistemas institucionales gubernamentales tienen que ser fuertes para manejar intereses privados muy grandes asociados al agua y eso es fruto de un proceso largo. Me parece que, en general, en América Latina es difícil.

¿Hay una fórmula que permita garantizar el acceso democrático al agua?

El uso democrático lo tiene que garantizar el Estado. La población debe tener un derecho prioritario para su consumo y eso no se puede poner en discusión, porque es un tema de moral y sentido común, pero, para los otros usos, sí se debería plantear otras normas. No hay una fórmula única y es por eso que, para mí, es muy importante la institucionalidad que permita que las cosas se puedan discutir y generar un modelo social para el uso del agua, complementado con un modelo de mercado.

¿Conoce un ejemplo cercano de una exitosa gestión del agua?

En Mendoza tenemos una institucionalidad centenaria del manejo del agua destinada a la agricultura, con un sistema rígido desde el derecho, que le da una serie de seguridades. No es una agricultura común, porque, al no tener precipitaciones, está basada en los oasis que implica la transformación colectiva del territorio. Hay un tejido social formado a partir de la agricultura, que es de lo que vivimos todos nosotros, y eso genera lo que llamamos una enorme externalidad positiva. Ahora estamos con la discusión sobre la posibilidad de un uso minero del agua que, creo, se va a seguir zanjando a favor de los agricultores. Tenemos una institucionalidad fuerte pero aislada y, cuando tenemos muchas relaciones con el Gobierno central, hay algunos choques.

¿El caso del problema entre Argentina y Uruguay, por la planta de celulosa, es un ejemplo de la falta de institucionalidad en la región?

Era una situación absolutamente manejable que se transformó en un problema político que le daba rentabilidad al Gobierno argentino. Creo que algunos errores cometidos en el proceso facilitaron el lío. Si hubieran hecho la planta 2 km más al norte –lo que no hubiera variado mucho el costo de la misma–, se habrían ahorrado la única crítica fuerte al proyecto, que es la paisajística, y también habrían reducido el impacto de los gases. Esto fue un aprovechamiento del Gobierno argentino para fortalecerse internamente. Uruguay también hizo las cosas mal porque no siguió ‘el camino’ por el que tenía que pasar, lo que permitió que Argentina se agarrara de cosas para discutir. Y eso es una muestra de la inmadurez política de la región.

¿Cuál es su opinión sobre el concepto de “agua virtual”?

El término ‘agua virtual’ o ‘huella hídrica’ implica cuánta agua has usado en el proceso de un producto y es una adaptación del concepto de ‘huella de carbono’. Es interesante si uno lo utiliza como instrumento científico para intentar reducir el consumo de agua en los procesos, pero es un arma peligrosísima en manos de comunicadores que empiezan a decir cosas que afectan al comercio. Este término se aplica, principalmente, a la agricultura, pero no a otros sectores. Con preguntas como ‘¿cuánta agua virtual hace falta para construir un Audi?’ nos hacen creer que el espárrago que produce el Perú tiene un costo de agua virtual mayor. Hay varias opiniones que indican que se debería desincentivar la producción de ciertos productos de bajo costo en el mercado con alto consumo de agua. Eso no es lógico. Pasamos de la discusión sobre el agua al valor de los alimentos. Yo creo que si las reglas fueran claras, esos sistemas funcionarían, pero hay países que tienen que intentar aumentar su producción interna de algún modo.