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"El derecho formaliza el conflicto"

Juan María Terradillos, profesor de Derecho de la Universidad de Cádiz, visita la Católica invitado por la Facultad de Derecho. Este miércoles 19, disertará en el seminario «Diversidad cultural y Derecho Penal», en el anfiteatro Armando Zolezzi, de esta unidad. Además, aseguró su participación en las maestrías de Derecho Penal, donde ahondará sobre la libertad vigilada en España, y de Derecho Tributario, donde tratará sobre delitos en esta área. Antes, conversó con Punto Edu.

  • Juan María Terradillos

¿Cómo aborda el derecho la diversidad cultural?

Es un fenómeno universal, en cualquier sociedad está. Supongo que es la rama más viva del derecho, la más relacionada con comportamientos humanos. Hay una doble faceta de la diversidad cultural: la que tiene que ver con las comunidades indígenas, de algún modo por un aislamiento y el fenómeno migratorio, que seía la otra cara de la moneda, es decir el intercambio. En ambos casos confluyen códigos valorativos. En la medida en que éstos sean discrepantes, el derecho penal entra en zona conflictiva.

¿Cuáles son los aportes del derecho?

El derecho formaliza el conflicto. Pretende dar soluciones formalizadas, evitar esa ley de la selva en que el pez más grande se come al más chico, que el conflicto no signifique aniquilación de uno por el más fuerte. Es el significado histórico del Estado de derecho. Se trata de cohonestar intereses. En la explotación de riquezas naturales, esto tiene que estar presidido por la idea de que nos afecta a todos, que es necesario conservarlas. Esta formalización tiene que estar presidida por el derecho a dignidad de las partes, pero además por la conciencia de que hay barcos comunes en los que todos estamos navegando y que el hundimiento de éstos sería el hundimiento global.

¿Esto supone un diálogo con las ciencias sociales?

El derecho aporta el elemento igualdad, que significa respecto y reconocer en el otro alguien tan importante como tú. Desde este punto de vista, tiene relación con aportes de naturaleza sociológica, antropológica, histórica. El derecho tiene que asegurar que la convivencia de los valores sea factible. Siempre exige primero que un mundo de valores no aplaste al otro, pero también reconoce los límites que la expansión de un mundo de valores puede crear en el otro. Del mismo modo que tiene que hacer posible la convivencia de los intereses del rico con el pobre, tiene que hacerlo con los intereses, cosmovisiones o escalas sociológicas del aymara, el tarumara y el finlandés.

En España, hay localismos fuertes.

Es una diversidad cultural más light que en Latinoamérica. Hubo un reconocimiento institucional, con el franquismo no se daba. En modelos dictatoriales, el derecho es cómplice del poder y deja de ser derecho. Este análisis se enmarca en entornos democráticos. En España se reconoce esta diversidad fundamentalmente en cuanto a la lengua y lo que conlleva. No ha creado grandes problemas. El código fundamental de valores es el mismo. El Código Penal, leyes y tribunales penales son únicos. Eso no ocurre aquí en virtud una lectura del artículo 149 de la Constitución que determina un reconocimiento de normas penales consuetudinarias en comunidades indígenas y una organización jurisdiccional distinta, representada por la actuación de los ronderos.

¿Eso es positivo o negativo?

Toda la riqueza cultural es positiva y toda la diversidad cultural es riqueza. Pero la diversidad se debe construir a base de consensos. Hay valores que no se pueden tocar. Los derechos humanos fundamentales son traducción de dos valores básicos: la libertad y la igualdad, que reconocen la dignidad de la persona. Ser libres quiere decir que diseñamos nuestro propio futuro porque somos sujeto no objeto. Igualdad significa que lo podemos hacer en las mismas condiciones que el otro. ¿Cómo hacemos convivir los códigos valorativos? A base de preservar al máximo posible los derechos fundamentales. Es la consagración de bienes jurídicos fundamentales. El ataque a estos bienes jurídicos básicos tiene que representar un delito en todas las culturas.

¿Y cuándo el arraigo a la tierra se enfrenta a la explotación de recursos?

Las comunidades indígenas tienen una vinculación con la naturaleza que no ha producido su deterioro. Siguen pescando de modo compatible con lo que llamamos desarrollo sostenible, que nos parece invento occidental. Por otro lado, todos tenemos derecho a las riquezas del globo porque es nuestro. Pero la condición de ciudadano del mundo debe invadir todas las áreas. Todos somos ciudadanos del mundo, lo que significa acabar con la exclusión. Vivo en un país con cuatro millones de inmigrantes, donde la respuesta al irregular es la expulsión. El globo es de todos pero esta partecita es mía. Te regularizo cuando eres mano de obra rentable. Estamos sustituyendo ideas libertad, dignidad, igualdad por la de rentabilidad, es decir explotación, porque al hablar de utilidad para la producción no olvidamos que unos son los dueños y otros no.

¿Y qué opina de la Ley Arizona?

Es una ley semejante a la que ha sacado Berlusconi en Italia hace dos años. Es muy grave porque eleva la inmigración irregular a la categoría de delito. El que colabora con el inmigrante irregular es cómplice. El médico que lo asiste tiene que denunciarlo, el profesor que da clase a sus hijos también. Le negamos el derecho a la salud y la educación. ¿Nos hemos vuelto locos? Hay una directiva europea, que se aprobó el año pasado, que permite retener hasta seis meses al irregular mientras tramitamos la expulsión a su país. Es decir, privarte de libertad porque la administración tarda en devolverte a tu país. No se corresponde a ninguna declaración universal de derechos.

¿Pero también hay un derecho más dialogante?

Es lo que dicen casi todas las normas: las constituciones, el tratado de constitución de la Unión Europea, imagino que UNASUR sacará declaraciones. Las normas constitucionales no solo son bonitas, sino baratas. Todos tenemos derecho al trabajo, pero en España hay 27% de desempleados. Es fácil proclamar derechos, no cuesta dinero. Poner escuelas en todos los barrios, talleres para formación o emplear trabajadores con transparencia es más complicado. Exige voluntad política de que los derechos no solo estén en textos sino que bajen a la calle. Eso se traduce en dinero.

¿El abogado está con las manos atadas?

La gente del mundo del derecho no cae del cielo. Somos parte de la sociedad y no precisamente la más rompedora. Las carreras del derecho son muy conservadoras. El derecho no es instrumento de cambio. Debería ser un instrumento como mínimo de garantía. Si haces un test en una facultad de derecho, a jueces o ves una sentencia, notarás que no representan el ala más progresiva. Saben lo que dice la Constitución, pero también cómo se puede interpretar. Todas las constituciones son maravillosas. Cuando empezamos a hacer leyes que las traducen las cosas van cambiando. El aplicador de la ley mete ideología, proyecta sus valores, que pueden ser respetables.

A propósito de esto, ¿conoce el conflicto de la PUCP con le Arzobispado?

No, pero no me extraña que una universidad como debe ser tenga conflictos con monseñor Cipriani, que no es exactamente defensor de los valores constitucionales. Las facultades de derecho tenemos la obligación de conocer la jerarquía de los valores, dónde está la fuente del derecho y lo que la legitima, que es la Constitución. Cipriani se mueve por otros valores. Estos son los de ley y orden, de acuerdo con su valoración religiosa que no es la única lectura posible de la religión católica. Hay otras lecturas. Eso en Latinoamérica se sabe, por tanto no me extraña que haya conflicto.

Entrevista: David Pereda
Fotografía: 
Franz Krajnik 

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