Conversamos con Iván Pacheco, editor de la Revista de Educación Superior para América Latina que en su último número hace un análisis de la educación superior en varios países de la región en el contexto de la pandemia. Para el caso del Perú el reporte fue elaborado por la Dirección de Asuntos Académicos (DAA) de nuestra Universidad.

¿Qué efectos ha tenido la pandemia en la educación superior en América Latina (AL)?

El más evidente y la causa de otros efectos ha sido el distanciamiento físico. Esto generó la transición de educación superior presencial a educación superior remota en emergencia. El cambio de metodología, la velocidad a la que se implementó, y la poca preparación que había generaron, en muchos casos, la percepción que las universidades habían bajado la calidad de su formación. Esto originó una tensión entre las universidades (sobre todo, privadas) y los estudiantes, que alegan que no es justo pagar tarifa plena por un servicio que no es el que querían inicialmente (es decir, no es educación presencial).

Por el lado de los gobiernos y las agencias de aseguramiento de la calidad, se observa un relajamiento en procedimientos y, a veces, en los criterios de aseguramiento de la calidad. Por ejemplo, los criterios para definir educación presencial o en la forma como se dan las “visitas” y la verificación de criterios.  La velocidad de las universidades para adaptarse a los múltiples retos financieros ha sido menor y este es, sin lugar a dudas, el principal reto para las universidades, los estados y las sociedades.

Un modelo de educación virtual bien desarrollado es capaz de ofrecer una experiencia de muchísima mejor calidad que lo que vivimos bajo el modelo de educación remota en emergencia».

¿En Perú, los cambios en la regulación para apuntalar la educación en línea – que estaba relegada en la Ley- van a poder ser sostenibles y permitir un mayor acceso con igualdad?

Creo que es posible que los cambios en la política y las normas sean sostenibles. Con la pandemia se mostró que la educación en línea puede ser confiable y que es de gran utilidad en situaciones de emergencia. Sin embargo, debe dejarse claro que lo que la gran mayoría de instituciones experimentaron este semestre no es educación virtual sino educación remota en emergencia. Esta diferencia es importante porque permite resaltar que un modelo de educación virtual bien desarrollado es capaz de ofrecer una experiencia de muchísima mejor calidad que lo que vivimos bajo el modelo de educación remota en emergencia. Si a esto se suma lo que está pasando en el resto del mundo, donde el escepticismo está dando paso una percepción más objetiva, sí es posible que los cambios sean sostenibles.

La parte de mayor acceso con igualdad es más complicada. La educación virtual no es barata, aunque cuando se llega a un volumen adecuado de estudiantes, los costos individuales empiezan a decrecer, lo cual puede reflejarse en la reducción de los costos de matrícula. Pero este no es el único reto en términos de equidad. Es necesario abordar el tema de las limitaciones de infraestructura a las que muchos estudiantes se deben enfrentar. Entre ellas, acceso a internet con velocidad adecuada, acceso a energía eléctrica, e, incluso, acceso a un espacio dónde poder estudiar. La pandemia sirvió para demostrar la importancia de estos elementos y el diseño de políticas los deberá tener en cuenta.

Cuando el número de instituciones en proceso de cierre es elevado, la capacidad del sistema para absorber a los estudiantes de esas instituciones puede resultar comprometida».

¿Cómo van impactar en Perú los efectos del licenciamiento unidos a los que va a producir la pandemia y de qué manera podría afrontar el gobierno esta situación?

El elevado número de estudiantes en situación de incertidumbre, ya sea porque sus instituciones no obtuvieron licenciamiento o porque debieron cerrar a consecuencia de la pandemia es un problema serio para el sistema educativo. En condiciones ideales, la transición de los estudiantes debe empezar desde que se avizora el riesgo de cierre. En la práctica, es con frecuencia un problema que se deja a los gobiernos, luego del cierre de las instituciones y, en el peor de los casos, a los estudiantes. Cuando hay un número robusto de instituciones y programas en capacidad de recibir a los estudiantes, el problema es llevadero. Pero cuando el número de instituciones en proceso de cierre es elevado, la capacidad del sistema para absorber a los estudiantes de esas instituciones puede resultar comprometida. En este escenario, el papel del Estado es clave pues puede servir como intermediario entre esos estudiantes y otras instituciones con similar oferta académica, que incluso podrían resultar beneficiadas al recibir un aumento de matrículas.

Un reto para la educación superior es demostrar su utilidad como aliado y vehículo para lograr esta recuperación».

¿Qué se viene para la educación superior en AL y qué aspectos van a ser importantes a tomar en cuenta en la implementación de políticas públicas?

Son muchos los retos que se vienen. Sin duda, el primero es recuperarse de los estragos de la epidemia y adaptarse a la nueva normalidad. La financiación será un tema mayor. La importancia estratégica del sector para facilitar el retorno a una economía saludable debería ser revaluada y, sobre todo para instituciones que dependen de los ingresos por matrícula, será necesario identificar fuentes alternativas de financiación. Habrá que acomodarse a las economías maltrechas de los estudiantes y sus familias, las universidades, y los gobiernos.

El reto de ampliar la cobertura con equidad seguirá en el centro de las agendas. A consecuencia de la pandemia, es previsible un retroceso en los niveles de cobertura y todavía no sabemos con qué velocidad se pueda volver a los niveles de cobertura de antes de la pandemia. El reposicionamiento de la educación en línea como opción válida reavivará el debate de su uso como herramienta de política educativa. Muchos de los conceptos y metas de la educación superior deberán reacomodarse. Entre ellos, las definiciones y los criterios de calidad deberán ser ajustados a partir de las lecciones aprendidas durante la pandemia.

La educación superior no estará en el centro de las agendas de política social. Durante los años siguientes a la pandemia, los gobiernos estarán dedicados a revertir los efectos del virus en el sector productivo, el sector salud, e incluso el transporte y el turismo. Un reto para la educación superior es demostrar su utilidad como aliado y vehículo para lograr esta recuperación.