Actualmente, sabemos que ese día perecieron 34 personas, de los cuales 24 eran policías (incluyendo al desaparecido Mayor Felipe Bazán). Doce de ellos fallecieron en el episodio más cruel de ese día terrible: la masacre de la Estación 6 de Petroperú, donde fueron asesinados a sangre fría mientras estaban maniatados.

Cuando supe de este crimen recordé la masacre de Los Naranjos, donde inclusive varias niñas fueron violadas, y el asesinato de cuatro brigadistas del Ministerio de Salud en el río Cenepa. En todos estos casos, como en la Estación 6, los responsables fueron indígenas awajún.

¿Podría plantearse alguna justificación cultural cuando quienes cometen delitos tan atroces son indígenas? Aunque el artículo 149 de la Constitución reconoce a las autoridades de las comunidades nativas la facultad de administrar justicia, coloca como límite el respeto de los derechos humanos, por lo cual es inadmisible que un grupo de indígenas asesine o torture a una persona. Lo mismo establece el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas.

De otro lado, el artículo 15 del Código Penal dispone que, si una persona comete un crimen porque su cultura o sus costumbres le impidieron ser consciente del carácter delictuoso de su acción, podría ser eximido de responsabilidad penal. Es verdad que la cultura awajún es una cultura guerrera, donde matar a un enemigo era considerado un acto heroico, pero difícilmente los involucrados podrían argumentar que no comprendían que era un delito asesinar a un policía maniatado, a un médico o a una niña cajamarquina.

La mayoría de awajún, además, rechazan estos crímenes (y lograron salvar a los demás policías detenidos en la Estación 6) pero algunos dirigentes, en un equivocado espíritu de cuerpo han rehusado colaborar con las investigaciones policiales y hasta pretenden que se amnistíe a los asesinos.

Un segundo tema que debe tomarse en cuenta es que buena parte de los civiles muertos no eran awajún, ni estaban en la Curva del Diablo. Eran habitantes de las ciudades de Bagua y Bagua Grande, víctimas de la violenta represión policial que hubo en ambas localidades. Sus familiares recalcan que la policía les disparó a quemarropa y que no formaban parte de las protestas. El caso de Leydi Luz, la niña de siete años que recibió un disparo en el abdomen, corrobora la versión sobre la brutalidad policial.

A lo largo de estos doce meses, muchas personas han insistido que «lo ocurrido en Bagua no debe repetirse». Lamentamos informarles que sí se ha repetido: este año tuvimos los cuatro muertos de Piura, entre ellos dos escolares y los cinco muertos de Chala. En estos casos, como en varios otros, la policía pretendió enfrentar protestas y manifestaciones mediante una represión indiscriminada.

El uso desproporcionado de la fuerza letal ha sido una de las peores características de este régimen, desde la  muerte del empresario Guillermo Li, abaleado en Monterrico hasta el pequeño Imel Huayta, de sólo ocho años. El espíritu de cuerpo ha funcionado también dentro de la policía y ha dejado estos hechos en la impunidad.

Existe un creciente consenso en que la causa del conflicto fue la ignorancia de las autoridades peruanas sobre los derechos y la misma existencia de los indígenas amazónicos. Al parecer, la reciente Ley de Consulta Previa, aprobada por el Congreso, permitiría una nueva relación entre el Estado peruano y los pueblos indígenas amazónicos. Pero, con el argumento que se debe pensar en el futuro, algunos awajún, policías o políticos preferirían que las muertes fueran olvidadas. Yo creo que para pensar en el futuro es necesario que haya justicia.