El año 2011 ha sido declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas como el Año Internacional de los Afrodescendientes. En este marco, la Defensoría del Pueblo presentó el Informe titulado Los Afrodescendientes en el Perú: Una aproximación a su realidad y al ejercicio de sus derechos, elaborado por el Equipo de Investigación en Derechos Humanos de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, para visibilizar la problemática de las personas afrodescendientes en el Perú, de cara a un contexto histórico y actual, de desigualdad, exclusión y pobreza, a partir de un enfoque de derechos.

La elaboración de la investigación se inició en febrero 2010, y comprende una serie de reuniones de trabajo y entrevistas con representantes de diferentes instituciones públicas y de las principales organizaciones de la sociedad civil afroperuana; así como visitas a las localidades de Yapatera y Morropón, en Piura, y de Chincha, en Ica, donde se encontraron serios problemas referidos a los niveles de racismo y discriminación, inclusión, así como al acceso y calidad de los servicios que reciben.

Dentro de los principales hallazgos del informe se tiene la situación de vulnerabilidad, postergación e invisibilidad en la que se encuentra dicho colectivo, así como la discriminación estructural y racial que subsiste y genera un impacto negativo en el ejercicio pleno de sus derechos, principalmente en los campos de la salud y la educación, y lo relacionado con el reconocimiento de su cultura y su identidad.

En atención al derecho a la salud, la Encuesta Nacional Continua 2006 revela que el 70% de la población afroperuana que presentó alguna enfermedad o malestar, no acudió a los establecimientos de salud para recibir atención médica o realizar una consulta debido a múltiples factores, como la falta de disponibilidad, accesibilidad, la calidad del servicio y, en algunos casos, al trato discriminatorio que reciben.

Respecto al derecho a la educación, solo 2% de la población afroperuana que accede a los estudios universitarios (6,2%) logra concluir dicha etapa, mientras que más del 50% de estudiantes afroperuanos no concluye sus estudios secundarios y el 13,8% no accede a la primaria.

Ante esta situación de postergación e invisibilidad en que se encuentra la población afroperuana, la Defensoría del Pueblo recomienda al Poder Ejecutivo diseñar e implementar una estrategia que permita incorporar en las políticas públicas del Estado el enfoque de inclusión y equidad. Asimismo, exhorta al Ministerio de Cultura a asumir el liderazgo necesario para afrontar la problemática descrita, así como fortalecer su capacidad institucional para atender la temática afroperuana, diseñar e implementar las actividades del Plan Nacional de Derechos Humanos y Perdón Histórico; así como coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales acciones destinadas a afirmar la identidad y la cultura afroperuanas, en sus respectivas localidades, con especial atención en aquellas ciudades que cuentan con importante presencia afroperuana.

Finalmente, recomienda al Ministerio de Educación fortalecer la instancia responsable de atender la inclusión del grupo afroperuano e incorporar en la currícula educativa los aportes de la cultura afroperuana. Al Ministerio de Salud, coordinar la definición de los criterios para la atención de la población afroperuana, fortalecer los espacios de diálogo intercultural que promueve el Centro Nacional de Salud Intercultural, e incorporar la variable étnica afrodescendiente en los registros de información de salud, en el marco de los objetivos del Convenio Hipólito Unanue. Asimismo, exhorta al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a realizar una encuesta especializada a fin de tener un diagnóstico actualizado y real sobre la situación de los afroperuanos, e incluir en las encuestas que realizan de manera periódica al grupo afroperuano, a partir de preguntas sobre la autodeterminación étnica; así como en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda.