06 de noviembre del 2017

Informe PuntoEdu sobre la situación de las universidades públicas en el Perú

¿Cómo fortalecer a las universidades públicas del Perú? Un grupo de especialistas de la PUCP y del sector público analizaron de qué manera es posible elevar los estándares de calidad de la educación pública universitaria.

Para ubicar al Perú en el contexto internacional, basta con mirar las fronteras. De un total de 186 universidades, Brasil cuenta con 45 instituciones capaces de realizar, cada una, más de 2,500 investigaciones y producciones científicas en un periodo de cinco años. Por su parte, Chile cuenta con dos universidades que desarrollaron más de 5,000 producciones científicas en el mismo periodo; y Colombia, con tres que registraron más de 2,500 (Brunner y Villalobos, 2014).

Mientras que en el mundo las universidades públicas, con el apoyo del Estado, cuentan con los recursos suficientes para realizar investigación de alto nivel; en el Perú, solo dos instituciones privadas logran alcanzar un nivel óptimo en esta área, con la capacidad de realizar más de 500 producciones científicas en un lustro.

¿A qué se debe que las universidades peruanas estén tan rezagadas en investigación con respecto a sus pares de la región? ¿Por qué es tan valorada la capacidad de producción científica para medir la calidad de una universidad? ¿Cuáles son las brechas que existen actualmente entre las instituciones públicas y privadas del país? ¿Qué políticas y acciones de mejora se están llevando a cabo? El fortalecimiento de la educación pública universitaria, por tanto tiempo descuidada, es crucial para lograr la descentralización y el desarrollo integral del Perú.

MÉRITO PROPIO

Con poco más de 12,000 estudiantes, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es un claro ejemplo del esfuerzo que realiza una buena gestión para poder mantener su competitividad en el ámbito de la investigación, así como el prestigio académico. Recientemente, 13 carreras de la UNI obtuvieron la acreditación internacional de la Accreditation Board of Engineering and Technolgy (ABET), la entidad certificadora de escuelas de ingeniería más importante y reconocida del mundo.

Aunque cuentan con un promedio de gasto anual de S/ 20,1 mil por alumno, el más elevado de las universidades públicas a nivel nacional, su presupuesto está muy lejos de satisfacer las necesidades requeridas por una universidad que se caracteriza por captar estudiantes con elevado rendimiento académico.

“Aproximadamente, recibimos S/ 200 millones anuales del Estado y adicionalmente la universidad recauda recursos propios por S/ 160 millones. El problema está en que casi el 80% del presupuesto se va en pagar a personal administrativo y eso debería asumirlo el Estado. De nuestros recursos queda muy poco para invertir en investigación. Hemos establecido un 2% como cantidad intangible que se tiene que destinar a todo lo que se refiere al reforzamiento de la investigación en la UNI. De acuerdo con estatutos, esto debería aumentarse, pero no se puede porque con ese dinero también pagamos servicios (agua, luz, teléfono)”, comenta el Dr. Walter Estrada, vicerrector de Investigación de la UNI, institución que cuenta con 66 docentes investigadores registrados en Concytec y que, por ello, cuentan con un bono extra de 50% de su salario.

“Lo que importa es crear una masa crítica. Contamos con alrededor de 1,000 docentes a tiempo completo. Considero que si tuviéramos 200 docentes dedicados íntegramente a la investigación, ya tendríamos un buen impacto, pero para eso hay que invertir: brindar capacitaciones, fomentar estadías e intercambios internacionales, y comprar equipamiento, como microscopios electrónicos u otros instrumentos de alto costo que no los puede financiar directamente la universidad”, agrega el Dr. Estrada.

Lograr agilidad en los avances de la educación superior universitaria es una labor sumamente difícil en el sector público, y, como señala el Dr. Estrada, varios factores intervienen. No se trata solo de la falta de presupuestos más amplios, sino en las dificultades de la gestión del mismo.

GESTIÓN y PRESUPUESTO.

Son condiciones amarradas para lograr avances en el sector. “No podemos contratar gestores que nos ayuden a gerenciar mejor los recursos financieros porque con los sueldos que se pagan en la universidad es muy difícil. La buena gestión y el presupuesto trabajan juntos: si tuviéramos mayores recursos y el Estado pudiera apoyarnos para pagar mejores salarios, la parte de la gestión podría mejorar tremendamente. Actualmente, los procesos son lentos y a veces las cosas sencillas que puede resolver una universidad privada, a la pública le toma mucho más tiempo”, consideró el vicerrector de la UNI.

Una de las razones del estancamiento de la educación superior universitaria pública se encuentra en los bajos niveles salariales de los maestros. “El tema de los sueldos es un problema importantísimo. Para que un docente pueda mantener a su familia dignamente, debe tener varios trabajos. Esto significa que no va a poder dedicarse a la investigación como debería, pues trata de cubrir un amplio número de cursos, con muchas horas de dictado, que no le van a dar tiempo para otro tipo de desarrollos”, señala la Dra. Estrella Guerra, docente del Departamento de Humanidades y exdirectora de la Red Peruana de Universidades (RPU), organismo promovido por la PUCP para fortalecer el intercambio de experiencias y conocimientos con universidades regionales, públicas y privadas.

“Se exige que un profesor que dicta en una universidad nacional cuente con una maestría y con dos años de experiencia. Son exigencias altas y el sueldo es bajo. Alguien con esas competencias va a tratar de buscar mejores salarios”, indica la Dra. Guerra.

A través de la Dirección de Gestión de la Educación Superior Universitaria (Digesu), el Estado intenta remediar esta situación. “Este año, hemos gestionado dos incrementos para los docentes de universidades públicas: el primero se hizo efectivo en abril e incrementó las dos categorías docentes de auxiliares y asociados en S/ 950, y a los principales en S/ 300. A fin de año esperamos que se concrete un segundo incremento, lo cual haría que la categoría docente que menos gana, en los docentes ordinarios, haya aumentado en 2017 a 80% su sueldo”, explica la Dra. Verónica Zapata, directora de la Digesu, quien señala que, más allá de la importancia de invertir en infraestructura y equipamiento de última generación, lo que marcará la diferencia en la educación es contar con excelencia docente.

Flavio Figallo, coordinador de la Dirección de Asuntos Académicos y exviceministro de Gestión Pedagógica, tuvo dudas sobre si los aumentos de sueldo realmente lograrán elevar la calidad de la enseñanza. “Cuando hay un aumento de sueldo, las aguas se calman. Esta es una política inmediatista de corto plazo, si bien apunta a reducir el conflicto, no constituye una política universitaria de educación superior; para ello, se necesitaría un horizonte respecto al aumento de salarios. ¿Está vinculado a políticas meritocráticas?”, consideró el experto, para quien habría que pensar en realizar algunos ajustes a la Ley Universitaria.

RECURSOS DEL CANON.

Por su ubicación geográfica, algunas universidades reciben un fondo del canon minero de sus regiones, que en muchos casos se ha invertido en porcentajes mínimos. Ante este panorama, los especialistas se preguntan si lo que realmente falta es el dinero o la capacidad de gestionarlo. “En 2016 tuvimos un saldo de balance en las cuentas de las universidades de cerca de S/ 1,900 millones. Ahí se plantea la gran pregunta: la necesidad de la universidad respondía a una falta de recursos o a un uso de recursos que todavía no habían sido activados”, comentó la Dra. Zapata.

Para promover el buen uso de los recursos financieros en las universidades, la Digesu ha establecido convenios para brindarles asesoría directa en temas de gestión. “En el 2016 firmamos convenios únicamente con 12 universidades que priorizaban la Ley Universitaria, seleccionadas por su influencia y su antigüedad. Entonces ese año nos buscaron otras universidades. Lamentablemente, los recursos eran limitados. Les informamos que, para que pudieran firmar un convenio con Digesu este año, debían preocuparse por cuidar el uso de sus recursos y mejorar sus indicadores. Uno de esos casos fue la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza en Amazonas. El rector y su equipo pusieron verdaderamente todos los esfuerzos para que su gestión tuviera buenos resultados en 2016. Este año han recibido cerca de S/ 20 millones de apoyo en el marco de los convenios de este año. Es una universidad que ha trabajado muy bien el tema del uso de sus recursos, mejora de calidad, ha invertido en investigación y en movilidad docente”, contó la directora de Digesu.

En el año 2018, 48 universidades públicas peruanas recibirán como Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) un total de S/ 4,034 millones, lo que representa un crecimiento de aproximadamente 14% respecto al 2017; sin embargo, este monto es menor si se observan los S/27,000 millones asignados al sector educación. En ese sentido, podríamos preguntarnos si la educación superior universitaria es realmente una prioridad para el Estado.
Para Figallo, el sector de la educación superior universitaria tendría mayores alcances a través de la gestión de un viceministerio. “La educación superior no involucra solo a las universidades sino a los institutos superiores. Hay cada vez más demanda de educación superior. Funciona de una manera distinta que el resto del sistema educativo, no es igual al colegio. Hay que hacerle un espacio distinto que logra abarcar a alrededor de 1,7 millones de estudiantes. Se debe contar con una reforma de la administración de la educación superior para darle mayor peso y fuerza a lo que se haga desde el Estado, y al mismo tiempo se necesita una política que fije con mayor claridad cuáles son las metas en los próximos años”, señaló.

GANA EL PERÚ.

Frente a las enormes dificultades que enfrentan las universidades públicas, ¿cuáles son las ventajas de su fortalecimiento? Para la PUCP, lograr vínculos más estrechos con sus pares del sector público para la generación de conocimiento es una tarea pendiente, que de algún modo se establece a través de la RPU, que actualmente cuenta con 21 miembros.

“La educación superior universitaria es un sistema, no es una suma de universidades. Para que mejoren las partes, se necesita que mejore el conjunto y un grupo de actores importante que intercambie, de diferentes maneras, profesores, conocimientos, actividades de responsabilidad social, críticas y propuestas para el desarrollo de la sociedad, etc. Para ello, necesitas que cada uno de los interlocutores sea fuerte. Si tenemos pocos interlocutores fuertes y la mayoría son débiles, no tenemos un sistema que sea funcional a las necesidades del país”, dijo Figallo.

“Cuando vas a las regiones es importante mirar cuál es el rol de su universidad pública, muy vinculada con el desarrollo. De allí sale el conocimiento que se imparte en los distintos sectores productivos. Además, los mejores profesionales de las regiones están concentrados en las universidades públicas. Estas instituciones juegan un papel fundamental en el desarrollo, por eso deben ser fortalecidas y su vinculación con los sectores productivos debe ser promovida”, señaló Verónica Zapata.

Para Estrella Guerra, las universidades privadas tienen un impacto muy pequeño en comparación con la pública. “Las que van a marcar la diferencia en el país son las universidades públicas y las instituciones de educación superior. Mientras no se atiendan como se debe, no va a haber una reactivación del país a muchos niveles, sobre todo en lo que implica acortar brechas sociales. Contar con un viceministerio indicaría una apuesta clara para establecer políticas, pensar el sector y dotarlo de recursos mayores para poder brindar las condiciones”, afirmó Guerra.

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