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Noticia

Adictos no deben compartir espacios de rehabilitación con pacientes de enfermedades mentales

El incendio ocurrido en el centro de rehabilitación Sagrado Corazón de Jesús (Chosica) el sábado pasado puso en el ojo de la crítica -una vez más- a estas casas de reposo. La Dra. Cecilia Chau, coordinadora del Doctorado en Psicología y especialista en adicciones, responde las dudas que saltan sobre la efectividad de estos centros de rehabilitación. Chau, además, acaba de ser distinguida por el Colegio de Psicólogos.

  • Texto:
    Gonzalo Silva
  • Fotografía:
    Jorge Ruiz

Muchos centros de rehabilitación tienen a pacientes que padecen adicciones al alcohol y a las drogas, lo mismo que a aquellos con enfermedades mentales. Al respecto, la doctora Chau advierte el riesgo los diferentes tipos de tratamiento que requiere cada caso. “Lo que se propone como tratamiento para las adicciones en un centro de rehabilitación se basa en un modo de comunidad terapéutica. Ellos, en función a las relaciones que establecen con sus propios compañeros, van a salir adelante”, manifiesta. Por el contrario, una persona con esquizofrenia o retraso mental puede interferir en la rehabilitación. Así, la especialista sostiene que, por ejemplo, un esquizofrénico está fuera de la realidad y puede tener comportamientos que  pongan en riesgo la integridad de otras personas. Otro caso es el de pacientes con retraso mental, que pueden ser fácilmente manipulables por el adicto.

Ahora bien, ¿es necesario que los internos se encuentren encerrados con rejas que ponen en riesgo su integridad en emergencias? Chau plantea que es un modelo equivocado. “Son personas que están en una primera fase de rehabilitación y la idea es que la persona decida quedarse o no”. Añade que el adicto tiene un alto porcentaje de recaída, más del 50%. No obstante “encerrarlos y amarrarlos, es una falta a los derechos humanos”.

Otra de las críticas a estos centros es que la rehabilitación esté a cargo de antiguos adictos. “No descartamos su efectividad, pero no tienen las herramientas científicas para lograrlo. Se ha creado una escuela de consejeros exadictos, pero el problema es que no todos se preparan; o dicen que no consumen, pero lo hacen. Esta idea de que solo el exadicto puede ayudar es una creencia errónea porque para eso están los profesionales”.

Cifras de Cedro señalan que existen alrededor de 200 mil adictos a la cocaína en Lima, y entre 200 y 300 centros de rehabilitación, de los cuales menos de 30 están registrados. “Esto quiere decir que hay un buen grupo de centros ilegales. Los sistemas del Ministerio de Salud (Minsa) no tienen capacidad suficiente”. Por consiguiente, los pacientes psiquiátricos tampoco tienen muchas opciones. “Los padres van al seguro social y les dicen que los pueden atender luego de tres meses. Quienes tienen recursos económicos prefieren internarlos. El costo no es barato, puede alcanzar hasta los 1,500 dólares”, apunta Chau.

Un modelo exitoso corresponde al Centro de Rehabilitación Ñaña, que cuenta con terapias ocupacionales. “Este tratamiento se aborda desde la perspectiva cognitiva-conductual, que es una propuesta terapéutica. Cognitiva porque se trata la parte de las creencias de la personas acerca de sus adicciones: por qué es adicta y por qué consume; y conductual porque se trabaja aspectos de por qué la persona elige tomar una droga. Tiene varias fases. En la primera se motiva al paciente para que deje las drogas. Luego pasa a la etapa contemplativa, en la cual el adicto asume su condición y busca el cambio. Toma conciencia de la enfermedad, le enseñan la asertividad, pues muchos chicos no saben decir que no, entonces ven a través del juego de roles cómo sería cuando salgan y les ofrezcan drogas. Este modelo es eficaz porque el mismo grupo se convierte en apoyo”, explica la psicóloga.

Aquí, cabe preguntarnos por qué el Minsa no homologa los centros de rehabilitación con este modelo. “Existe un problema de presupuesto, sobre todo en salud mental, que es lo que menos preocupa al Estado. Es caro porque tiene que haber un espacio, un staff de enfermeros, asistentes, médicos, psicólogos; es un presupuesto muy alto. El ministerio debería fiscalizar a los centros no registrados y exigir que haya profesionales”, finaliza la doctora Chau.

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