¿Existe la posibilidad de que se le reduzca la pena al exteniente del Ejército Peruano, Telmo Hurtado, por su confesión en los sucesos de Accomarca hace 27 años?

Cuando aporta cuestiones sustanciales sobre un hecho que ya está bastante estudiado no se le puede denominar confesión sincera. Tal vez lo que pretende es involucrar a otros personajes. Eso podría considerarse como un esclarecimiento mayor de los hechos. Sobre esa base, pretendería tener beneficios, pero las normas referidas a beneficios premiales por esclarecimiento mayor del hecho o ayudar a desanudar la cadena de todos los partícipes no permite una reducción sustancial de la pena.

El Ministerio Público ha pedido una condena de 25 años…

A Telmo Hurtado lo están responsabilizando por asesinato múltiple, que es una pena entre 15 y 35 años. Ni se acerca al mínimo ni al máximo, se mantiene dentro de los grados del marco penal previsto y no parece que el fiscal pueda acceder a reducirle el pedido de pena al mínimo penal previsto porque para los casos de derechos humanos este tipo de beneficios no permiten una reducción por debajo del mínimo.

¿Cuánto ayuda esta confesión para llegar a los superiores y sus posibles condenas?

Su declaración es importante, es la de un oficial en operaciones y muestra lo que se intuía: este tipo de operaciones no se hace sin el aval de un superior. En este caso está sindicando a su jefe de operaciones de la unidad (César Gustavo Martínez Uribe Restrepo) y también a Walter Mori, como jefe político militar de la zona. Es altamente probable que si no es en este proceso, en otro se expidan copias para remitirla a un fiscal de Derechos Humanos y abra investigación contra estos dos oficiales.

¿Cuánta importancia tiene para el país que se condene a Telmo Hurtado, teniendo en cuenta que la Masacre de Accomarca es uno de los hechos más representativos de derechos humanos?

La justicia peruana ha dado un importante paso para empezar a hacer justicia en estos casos de delitos que han implicado violaciones de derechos humanos, que es una deuda pendiente con nosotros mismos y con la comunidad internacional, que nos ha demandado esclarecer estos hechos, individualizar a los responsables, no solo los ejecutores, sino también los intelectuales, sancionarlos debidamente y reparar a las víctimas. Se ha dado pasos firmes a pesar de tener una justicia vulnerable, precaria.

Pero la reparación civil llega a cifras millonarias. ¿Cómo se puede llegar a completar el pago de este dinero?

Ese es el gran dilema porque estos casos llevan montos de reparación civil cada vez más importantes. Antes la reparación civil era realmente ínfima, se está sincerando y se están imponiendo montos de reparación civil mejores por la presión que tenemos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido montos importantes, pero sobre los cuales el eventual condenado no podrá cumplir. Por eso se demanda al Estado. Estas personas actuaron (aunque mal) en nombre del Estado, entonces este se convierte en el segundo responsable de las reparaciones.

¿Cuánto importa para un país como el Perú estar bien ante la corte y ser un país que está buscando la justicia para su pueblo?

Después de un conflicto armado interno tan intenso se abre todo un proceso de justicia y reconciliación, pero requisito para la reconciliación es la justicia, y requisito para la justicia es saber la verdad de lo ocurrido. Son dos dimensiones: la verdad a la que tienen derecho los familiares de saber qué ocurrió con las víctimas, cómo y por qué, y la verdad que el país necesita para saber cómo es que se hizo un ejercicio abusivo del poder público y cómo esto no tiene que ocurrir nunca más. No es solo por el cumplimiento de las obligaciones con la Corte Interamericana, es por una responsabilidad con nosotros mismos para entrar a esa etapa de reconciliación franca. No es voltear la página como si nada, es voltear la página sabiendo lo que no debemos hacer de aquí en adelante.