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Tía María: "Una cosa es la protesta y otra la ingobernabilidad"

Luego de más de 50 días de paro indefinido en el Valle de Tambo y tres días de paro regional, los ánimos continúan exacerbados en Arequipa. La ola de vandalismo y violencia se extendió más allá de Islay y llegó a la capital de la región dejando a su paso destrozos, heridos y muertos. ¿Por qué el proyecto de explotación de cobre Tía María, presentado por Southern Peru Copper Corporation, tiene tantos anticuerpos si busca invertir US$1300 millones de dólares y generar más de 4000 puestos de trabajo? ¿Cómo se llegó a este estado de incomunicación y alta tensión? Al respecto, conversamos con Gustavo Zambrano, docente del Departamento de Derecho.

  • Gustavo Zambrano
    Abogado, especialista en pueblos indígenas y profesor del Departamento de Derecho. Investigador de IDEHPUCP.
  • Texto:
    Luis Yáñez
  • Fotografía:
    Roberto Rojas

¿Cuáles considera Ud. que son los principales errores que ha habido en el proceso?

El proceso de violencia que estamos viendo en los últimos días es resultado de un mal manejo de un conflicto que ya tiene bastante tiempo. Cuando recién se comenzó a pensar en el proyecto Tía María, allá por el 2003, una empresa privada, la minera o el Estado tuvo que haber realizado una evaluación social que, seguramente, mostró las percepciones y miedos de la población, quiénes eran los principales actores sociales de la región, cuáles eran sus intereses y necesidades, etc. Además, identificaba posibilidades de diálogo, planteaba propuestas y señalaba recomendaciones que mitiguen estos miedos. Creo que no se le ha hecho caso necesario a este documento.

¿Por qué el gobierno de turno está acostumbrado a crear mesas de diálogo cuando el conflicto ya se produjo y no aplica un dialogo preventivo?

No sé por qué no lo hace, hace tiempo que se sabe dónde están los conflictos. A medida que pasa más tiempo, el nivel de tensión de un conflicto crece. Lo que tienes que hacer es evitar que esa curva siga ascendiendo en el menor tiempo posible y que se mantenga en un nivel manejable que permita generar oportunidades para el diálogo. Ahora ya se perdió cualquier oportunidad de generar cualquier tipo de encuentro entre los actores sociales. Nadie quiere hablar. Este es el peor ejemplo de un conflicto mal manejado.

Algunos pobladores señalaron que no están en contra del proyecto, sino de Southern Perú. ¿Qué debió hacer la empresa para generar confianza en la población?

Southern Perú es una empresa extractiva que tiene más de 50 años en el país. Si la gente desconfía de mí, debo buscar una lógica de acercamiento con mecanismos de participación ciudadana que cambie esta percepción negativa. Pero si no le das a la población la información que necesita, estás creando un caldo de cultivo para que ocurra cualquier cosa.

El momento clave no es al inicio del conflicto, sino al inicio de la presencia de la minera en la zona. Es ahí cuando se tuvo que informar a la población, reunir a los actores sociales, anunciar cuáles eran mis planes, coordinar con los sectores involucrados y generar condiciones de diálogo. Pero si desde dentro de la empresa se tomaron estas acciones como gastos innecesarios y no como una inversión a mediano y largo plazo, tienes lo que ocurre el día de hoy.

El temor de los pobladores de Islay es válido porque la más mínima contaminación alteraría directamente sus condiciones de vida ya que viven de la agricultura y la ganadería…

Por eso es importante que la empresa establezca mecanismos de participación y comunicación que permita informar a la población qué medidas va a tomar para que esto no ocurra. Y por otra parte, hace diez años el Estado pudo haber ido a Islay y decir “En el 2015 habrá aquí una mina” y plantear mecanismos en beneficio de los agricultores, desde reparaciones, indemnizaciones, acceso al mercado, etc. Incluso los agricultores que no están vinculados de manera directa al conflicto piden que el Estado garantice que su producción no se vea afectada no solo a nivel de contaminación, sino también de imagen.

¿Debería declararse el estado de emergencia en Islay?

Sí. Entiendo que haya una protesta y me parece importante que la gente reclame pero tampoco puedes hacer lo que te dé la gana. Una cosa es la protesta y otra la ingobernabilidad. Hay un principio de respeto a la autoridad y a la persona humana que se debe hacer cumplir. Lo único que va a hacer el estado de emergencia es bajar la temperatura, nada más.

¿Qué implica la suspensión de los derechos fundamentales?

Cuando pones en estado de emergencia a una localidad hay ciertos derechos que se ven limitados, como el derecho a desplazarme libremente o a reunirme con gente. Pero no se ven limitados el derecho a la vida o la dignidad. No es que el ejército entre a detener a todos los que se le crucen delante o que vaya a torturar gente, esa no es la idea. Se trata de poner orden pero si se emplea para detener a manifestantes eso sí sería grave.

¿Cuál considera que ha sido el manejo de la prensa en relación a este caso? ¿Catalogar a los manifestantes de «terroristas antimineros» no fue un exceso?

Me parece un error que a los manifestantes les haya colocado la etiqueta de «terroristas antimineros«. El terrorismo es la generación de terror y más allá de los estigmas, hay que tener mucho cuidado con el uso de esa palabra. Lamentablemente, ante los medios de prensa estás en un bando o en el otro. Pero este problema no es una cuestión de bandos, acá todos están involucrados.

Más aun cuando dentro de los protestantes tenemos autoridades locales y regionales que han sido elegidas democráticamente.

Bueno, hay un elemento que es necesario tomar en consideración: en esta zona hubo mucha influencia por parte de Gregorio Santos, Wilfredo Saavedra y la gente que estuvo en contra del proyecto Conga, y que de alguna manera estuvieron involucrados en la conformación del Frente de Defensa de Islay. Tiempo atrás estuvieron realizando reuniones en Cuzco, Puno y la sierra sur del país, que fueron financiadas por la sociedad civil y que tuvieron como fin organizar un movimiento político que presente candidatos en las elecciones pasadas. Entonces, es muy probable que las autoridades que resultaron electas estén manejando una agenda que vaya en la línea de estos actores políticos.

Que esto ocurra en un año preelectoral no resulta casual…

¡Precisamente! Los alcaldes regionales tienen una agenda que están tratando de llevar a cabo pero considero que la intransigencia no ayuda a nada. Patear el tablero y levantarse de la mesa de diálogo no está bien. Serás el alcalde pero no eres el dueño de Islay. Pero creo que además las autoridades tienen temor: han ofrecido a la población que la mina se va a ir y prefieren no negociar porque saben que no van a conseguir lo ofrecido.  Sienten que si ceden estarían traicionando a su pueblo y quizá temen que los vayan a matar.

¿De qué manera lo que está pasando en Islay repercutirá en otros proyectos de inversión? Porque existe una iniciativa que busca instalar una planta petroquímica en Islay (Lomas de Tarpuy) que puede correr peligro…

Lo que ocurre en Islay ya está repercutiendo en el inicio de proyectos en toda la sierra sur. Hay muchas mineras que estaban teniendo buenas relaciones con sus comunidades, que tenían negociaciones muy avanzadas, cuyos procesos se han detenido de porrazo. El efecto dominó es mucho más grave de lo que parece. No solo son los miles de soles que se pierden a diario en Islay, sino los millones que están comprometidos en inversiones en Puno, Cuzco, Arequipa, Moquegua y Tacna.

¿Qué pasará ahora? ¿Es posible volver a dialogar?

Islay es un conflicto que se les ha salido de las manos no solo al gobierno sino a todos los actores sociales: a la empresa, a los alcaldes, a los agricultores y ninguno quiere ceder en este momento. En este momento no hay buenos ni malos, todos tienen intereses y todos son responsables de esta situación. Va a ser bien difícil que haya diálogo en este momento.  Lo que habría que evaluar es qué actividades se han hecho desde el 2011 a la fecha para generar confianza en la población. Me imagino que cuando concluyó el anterior conflicto debe haberse firmado un acta. Preguntémonos qué decía ese documento y si se cumplieron o no con los acuerdos fijados.

El Perfil

Nombre: Gustavo Zambrano

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