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"Muchas medidas de seguridad ciudadana van contra los derechos fundamentales"

El pasado viernes 6, el Dr. Walter Albán, decano de nuestra Facultad de Derecho, disertó sobre la vinculación entre las políticas públicas y los derechos humanos para el buen desarrollo de la democracia en el Perú en el I Congreso Internacional de Derechos Humanos organizado por el Colegio de Abogados de Lima. Conversamos con él acerca de su presentación.

  • Walter Albán

El pasado viernes 6 de noviembre, el Dr. Walter Albán, decano de nuestra Facultad de Derecho, disertó sobre la vinculación entre las políticas públicas y los derechos humanos para el buen desarrollo de la democracia en el Perú en el I Congreso Internacional de Derechos Humanos organizado por el Colegio de Abogados de Lima. Conversamos con él acerca de su presentación.

¿De qué va a trató su exposición en el I Congreso Internacional de Derechos Humanos?

Hablé sobre un tema del cual últimamente se ha venido conversando mucho: la necesidad de que en un sistema democrático las políticas públicas se definan para garantizar los derechos fundamentales.

Se entiende que en un régimen democrático y constitucional lo más importante es que los derechos consagrados en la constitución estén garantizados. La garantía no solo supone que los derechos no sean atropellados por el Estado o cualquier particular. Hay derechos que para realizarse requieren de una actuación desde el Estado, para crear las condiciones que hagan posible la vigencia de esos derechos.

¿Estamos hablando de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales?

Sí, son los derechos que antes se entendían que estaban separados de los Derechos Civiles y Políticos. Durante mucho tiempo estuvo vigente que estos derechos eran de una primera generación y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de una segunda generación.

Con el tiempo esta división se ha visto como falsa. No hay manera de dividir los derechos fundamentales porque son integrales e indivisibles. Esto se consagró en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena del año 1993 y en adelante se ha adoptado con más precisión lo que se llama un enfoque de derechos, para definir cuáles deben ser las políticas que los Estados pongan en práctica. Esto supone evaluar hasta qué punto se cumplen los derechos y hasta qué punto hay omisión del Estado sobre las condiciones que debería generar. Es necesario entender que la no vigencia de un derecho es inaceptable en un sistema democrático. Definitivamente los derechos humanos son el referente para evaluar si las políticas públicas son o no acertadas.

Si bien el Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos, ¿qué papel asume la sociedad civil?

En el concepto moderno, las políticas públicas no dependen exclusivamente del Estado, también los actores privados tienen mucho que aportar. Entonces, hay que mirar que rol juegan las organizaciones sociales, la sociedad civil. Desde ese punto de vista las políticas públicas implican una participación muy activa de los ciudadanos.

En un país como el nuestro creo que no estamos acostumbrados a esta idea, esto tiene que ver con el grado de conciencia de los derechos y cómo la gente hace suyo el contenido esencial de esos derechos. No es fácil, forma parte de un proceso y tenemos que caminar en esa dirección. Vemos permanente que no hay un cumplimiento. Las políticas que se adoptan son el resultado de una serie de respuestas inmediatas que no tienen un sustento conceptual de qué es lo que se está buscando. Por ejemplo, uno encuentra que muchas medidas de seguridad ciudadana van contra los derechos fundamentales.

¿Conoces alguna política pública que respete los derechos humanos?

Yo diría que no hay una política pública definida en función de derechos humanos. Hay algunos intentos, políticas focalizadas en distintos rubros, pero no una política armónica. Se tiene que hacer el vínculo entre un derecho civil y político con un derecho en el campo económico y social.

Básicamente, quiero transmitir la necesidad de que tengamos el firme propósito, como ciudadanos, de estar permanentemente alertas y exigir que los gobiernos se comprometan a cumplir esta obligación de diseñar y ejecutar políticas públicas centradas en cómo realizar mejor los derechos humanos.

El tema de políticas públicas con enfoque de derechos parte del reconocimiento de que un país puede estar en la imposibilidad material de garantizar la realización de estos derechos, pero tiene que definir una política que garantice que cuando esas condiciones se hayan superado sea posible realizar el derecho.

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