¿Este proyecto de ley tiene nombre propio?

Tiene carácter general pero se entiende como respuesta directa a un conflicto: Conga. Técnicamente es muy cuestionable. La Ley Orgánica contiene las causales de vacancia. Este proyecto incorpora una nueva: participar directa o indirectamente en manifestaciones. Es una medida parecida a la criminalización de la protesta. Cuando los ciudadanos toman las calles, se les asigna una responsabilidad penal. ¿Las autoridades regionales tienen derecho a manifestarse contra una decisión gubernamental? El proyecto parece negarlo. Entonces hay una especie de sanción a la libertad de expresión de estas autoridades y a la posibilidad de que ejerza una oposición o rechazo a decisiones del gobierno nacional.

¿Pero si se atenta contra la propiedad?

Esa regulación ya existe. El presidente regional no tiene derecho a antejuicio político ni la inmunidad de un parlamentario, por ejemplo. Si Pedro Spadaro (congresista fujimorista, autor del proyecto) toma la calle, es inmune. Si comete una acción delictiva, el Poder Judicial pide permiso al Congreso para iniciar la judicialización. El presidente regional no tiene eso. Si toma una carretera, puede ser denunciado de inmediato. Además, en derecho penal, sobre sanciones, no se puede poner conceptos jurídicos indeterminados. El proyecto dice «participar directa o indirectamente en movilizaciones o manifestaciones que obstaculicen vías de comunicación, impidan el libre tránsito o perturben el normal funcionamiento de servicios públicos o comercios». Puesto así, puede ser cualquier cosa.

Una marcha fujimorista, por ejemplo.

Puede ser eso. Incorporar una causal como esta resulta inútil porque ya existen otras herramientas que permiten denunciar al presidente regional ante el Poder Judicial y proceder a una sanción. Se refieren a cualquier ciudadano que comete delito, como afectar la propiedad. Para eso está el Código Penal. Pero si una autoridad regional tiene condena en el Poder Judicial, es vacado, según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

¿Qué debe hacer un presidente regional ante una protesta?

Hay una visión poco democrática. Las autoridades públicas como el presidente regional son elegidas y responden a los electores. Representan a su pueblo. Si Cajamarca está en contra de algo, el presidente regional tiene el deber de representar sus intereses. Debe hacerlo por los canales más institucionalizados y no violentos. Si lo hace por medios violentos debe ser denunciado y cuando sea condenado se aplicará la causal de vacancia.

Se ha cuestionado la gestión de algunos gobiernos regionales. ¿Qué opina?

Se dice que el presidente regional debe ejecutar el presupuesto y cumplir obras, como un mero administrador, casi un gerente de logística. El presidente regional, en nuestro modelo constitucional, es una autoridad política que representa a ciudadanos. Si su comunidad le reclama no estar de acuerdo con determinada política, por más que esté equivocada o no, tiene la responsabilidad de representarlos. Si no, le estamos pidiendo que ignore la voluntad de los ciudadanos. O lo otro, que estaría detrás del proyecto: ponerle la mordaza para que no reclame. Eso es peor porque nos coloca en el modelo del fujimorismo más extremo que limitaba la posibilidad de que el otro se pronuncie en contra.

Y este proyecto tuvo voto unánime en la Comisión de Descentralización.

Hay una tendencia a pensar que dar normas resolverá los conflictos. Para resolverlos hay que comprenderlos como problemas de política pública. Los conflictos sociales llegan a violencia porque no hay un mecanismo institucionalizado para que esa oposición o reclamo pueda ser canalizado o resuelto. Lo que queda para muchos es la vía alterna: la toma de la carretera o la calle. No ha habido CND (Consejo Nacional de Descentralización), cerrado por el gobierno anterior, y recién se está activando un espacio.

¿Por qué no existen estos espacios?

Hay una visión de que el modelo de desarrollo no admite discusión. Prácticamente todas las políticas se dictan de manera uniforme para todo el país. La descentralización termina siendo la mera aplicación de la política nacional. Para eso no necesitamos no elegir gobernantes regionales. Bastaría con designarlos y decirles: “cumple lo que digo en Lima”.

¿Que pasaría si esta ley, aún en proyecto, se promulga?

Pueden pasar que los gobiernos regionales decidan no participar en protestas. Al ver que estos no atienden sus reclamos, la población podría incendiar el edificio del gobierno regional. Puede ocurrir lo otro: que el presidente regional asuma al costo de la ley y marche con la población. Entonces, vacan a las autoridades regionales. Esto traerá problemas de gobernabilidad y, por tanto, mayor conflicto porque se pierden canales. En cualquier caso, aumenta la conflictividad. El supuesto remedio es peor que la enfermedad.

El Perfil

Nombre: Carlos Alza