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“La forma de gobernar el sector minero es lo que genera tanta conflictividad”

Es geógrafo de formación y sus amigos le dicen Tony. A pesar de contar con la nacionalidad británica y estadounidense, el Dr. Bebbington prefiere visitar y estudiar las regiones andinas, en Latinoamérica. Desde hace diez años, investiga sobre temas vinculados a las industrias extractivas y los conflictos socioambientales. Estuvo en la PUCP como ponente en la conferencia “Minería, poder y sociedad: ¿sigue o se ha superado la maldición de los recursos naturales?”, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales.

  • Anthony Bebbington
    Docente en la Universidad de Melbourne (Australia)

¿Qué problemas presenta la minería a gran escala en el Perú?

Pienso, más bien, que lo que vemos son las consecuencias de cómo se maneja la propuesta de desarrollo basada en la minería. Existe el argumento de que la minería es clave para el desarrollo del país, esto, sumado a los precios internacionales cada vez más elevados, hace que se promueva el sector y que crezca el interés por explotar los yacimientos mineros que hay en el Perú. Desde mi punto de vista, la forma de gobernar el sector es lo que genera tanta conflictividad: en muchos casos, la opinión de las poblaciones locales no es tomada en cuenta al momento de aprobar la explotación minera en sus territorios. Además, no hay mucha información de cómo funciona el sector como tal. Otro aspecto que genera descontento en las poblaciones es que, con el afán de promover proyectos mineros, se han sobredimensionado los beneficios para las poblaciones. Asimismo, históricamente, el control ambiental del sector ha sido deficiente y en varios casos no ha habido un proceso de restauración de pasivos ambientales.

Cuando menciona la forma de gobernar el sector, ¿a quiénes se refiere?

Los responsables son tanto el Estado como las empresas y, en cierto sentido, la misma sociedad, porque los gobiernos toman sus decisiones movidos por intereses más profundos, que son muy influyentes. Un país tiene el gobierno que quiere tener o el que los socios de los acuerdos políticos permiten que tenga.

¿Por qué el Estado peruano no fiscaliza adecuadamente a la industria minera?

Muchos de los conflictos sociales que se han producido en torno a la minería en el Perú han culminado en cambios institucionales y han contribuido a crear mayor capacidad en el Estado para controlar el sector o para vigilarlo. Frente a esto, surge una resistencia que puede ser interna al gobierno. Por ejemplo, las medidas del Ministerio de Economía y Finanzas para limitar las capacidades del Ministerio del Ambiente son decisiones políticas y están motivadas por un interés, sin embargo, si pensamos que la fuente del problema es el gobierno, solo estaríamos indicando los factores próximos y no los subyacentes, que son los que merecen una mayor investigación y debate.

¿Cuáles son estos factores?

En Estados Unidos, mucha de la nuestra legislación refleja una influencia de distintos lobbies organizados, que representan ciertas líneas de pensamiento sobre cómo debería ser nuestra sociedad y qué valores deberían primar en ella. Esto se manifiesta claramente en los requerimientos de agencias contratadas por ciertas empresas o grupos de interés que influyen en la legislación. Por ejemplo, el poco control sobre el uso de armas en el país se debe al fuerte lobby de la Asociación Nacional del Rifle. Algo similar puede estar pasando con el sector minero en el Perú: la manera como se está gobernando el sector minero refleja temas más de fondo, como influencias o acuerdos pactados.

¿Qué opina de la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas que recorta facultades y presupuestos al Ministerio del Ambiente?

Fundamentalmente, refleja un intento por diluir lo que se había logrado en el tema de gobernanza ambiental, una resistencia por parte de las élites hacia ciertos cambios institucionales logrados por diferentes procesos de movilización social. Este paquete de normas refleja una resistencia a los cambios que se habían introducido en el Ministerio del Ambiente. Esto nos demuestra que los procesos de cambio institucional toman mucho tiempo y son muy peleados. El simple hecho de obtener un logro generará resistencia por parte de sectores que no quieren eso. El argumento del MEF es que se limita la inversión o se crea incertidumbre para los inversionistas, lo cual puede ser cierto, pero, justamente, lo que se debería desear es un sistema que limite ciertos tipos de inversión. Estas historias son lentas y, muchas veces, por ver lo que pasa en este momento, perdemos de vista los procesos más largos que están en juego.

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